El dilema de la participación electoral de las organizaciones sociales en la transición mexicana: los comicios de 1988

¿Por qué participar? Ésta es la pregunta principal de la presente tesis a la que se busca dar respuesta. Atañe directamente al dilema enfrentado por las organizaciones sociales cuando tratan de incorporarse a la lucha partidaria como una manera más de alcanzar sus demandas.
Adam Przeworski (1990; Przeworski y Sprague, 1986) ha planteado con precisión el dilema que representó para los partidos socialistas, a finales del siglo XLX, la oportunidad de participar electoralmente. La disyuntiva fundamental era elegir entre la acción reivindicativa directa—la confrontación entre los mundos de los trabajadores y del capital—y la acción política formal—la canalización de la lucha social a través de las instituciones existentes.
Cuando el principio de la democracia está presente en las instituciones políticas, según el autor, se hace necesaria la elección entre las tácticas parlamentaria y extraparlamentaria.1 Pero cuando no hay derechos políticos, no hace falta elegir entre ellas, en tanto que la segunda se impone a la primera al no encontrarse abiertos los canales de expresión institucional.
La cuestión se torna complicada cuando existe una circunstancia intermedia en la que se lucha por hacer prevalecer los derechos políticos (y civiles), una situación de transición democrática2 No es una circunstancia de falta total de derechos o de existencia real de los mismos, sino es un estado intermedio de fluidez institucional en el que las r... leer más

¿Por qué participar? Ésta es la pregunta principal de la presente tesis a la que se busca dar respuesta. Atañe directamente al dilema enfrentado por las organizaciones sociales cuando tratan de incorporarse a la lucha partidaria como una manera más de alcanzar sus demandas.
Adam Przeworski (1990; Przeworski y Sprague, 1986) ha planteado con precisión el dilema que representó para los partidos socialistas, a finales del siglo XLX, la oportunidad de participar electoralmente. La disyuntiva fundamental era elegir entre la acción reivindicativa directa—la confrontación entre los mundos de los trabajadores y del capital—y la acción política formal—la canalización de la lucha social a través de las instituciones existentes.
Cuando el principio de la democracia está presente en las instituciones políticas, según el autor, se hace necesaria la elección entre las tácticas parlamentaria y extraparlamentaria.1 Pero cuando no hay derechos políticos, no hace falta elegir entre ellas, en tanto que la segunda se impone a la primera al no encontrarse abiertos los canales de expresión institucional.
La cuestión se torna complicada cuando existe una circunstancia intermedia en la que se lucha por hacer prevalecer los derechos políticos (y civiles), una situación de transición democrática2 No es una circunstancia de falta total de derechos o de existencia real de los mismos, sino es un estado intermedio de fluidez institucional en el que las reglas del juego están en disputa.3
En ese tenor, el abanico de preguntas se amplía: ¿Cuál de las dos vías tomar cuando la institucional está en proceso de redefiniciones constantes y la incertidumbre es su signo más notorio? ¿Cómo se produce la participación electoral de las organizaciones sociales en un régimen en transición? ¿Qué beneficios y qué costos les reporta?
La literatura en torno a las transiciones democráticas ha dedicado un espacio pequeño a la reflexión de la participación de las agrupaciones de la sociedad civil en la construcción de los regímenes democráticos, y se ha centrado en el modo en que dicha participación puede ser un apoyo sustancial para el sostenimiento de la sociedad política.
Dos ejemplos clarifican el punto. Para Larry Diamond et al. (1990: 21-22), una vida asociativa plural, autónoma y vigorosa es importante en tanto pueda balancear y limitar el poder del Estado y proveer de canales para la articulación y práctica de intereses democráticos. De hecho, las presiones para la democratización de un régimen político pueden provenir de una sociedad civil densa, institucionalizada y autónoma, así como la ausencia de un sector de asociaciones voluntarias y de grupos de interés puede reforzar un autoritarismo y obstruir el desarrollo de la democracia. Por consiguiente, una vida asociativa rica puede completar el papel de los partidos políticos estimulando la participación política, aumentando la eficacia ciudadana, reclutando y entrenando a los líderes políticos y ampliando el compromiso con el sistema democrático.4
Para Juan Linz y Alfred Stepan (1996: 8-9) la sociedad civil requiere de la sociedad política para el desplazamiento del régimen autoritario y el proceso de tránsito democrático. La sociedad civil puede, en el mejor de los casos, impulsar el primero de los procesos, pero en el segundo y, más aún, en la consolidación democrática, debe estar implicada la sociedad política. El monitoreo democrático que la sociedad civil hace de su gobierno tiene que pasar por todas aquellas instituciones que conforman la sociedad política, a saber: partidos políticos, elecciones, reglas electorales, liderazgo político, alianzas interpartidistas y legislaturas. Lo anterior lleva a la afirmación de que, aunque distintas, ambas sociedades son complementarias.
El vínculo entre estas dos arenas—la civil y la política—se percibe, en la circunstancia mexicana de transición democrática prolongada5, con el arranque formal de la liberalización del régimen6, a raíz de la reforma política de 1977. Una de las premisas fuertes para la implementación de la reforma era reconocer la existencia de una conflictividad social creciente que no estaba contenida en los patrones institucionales. Era el desfase entre las realidades social e institucional. Al respecto, Przeworski (1995: 100¬101) apunta:
Mientras por un lado comienzan a surgir organizaciones autónomas en la sociedad civiL por otro, no existe ninguna iristitución ante la cual poder exponer sus puntos de vista y promover sus intereses. Debido a este desfase entre la organización autónoma de la sociedad civil y el carácter cerrado de las instituciones del Estado, el único lugar donde los grupos recién organizados pueden luchar finalmente por sus valores e intereses es la calle. La lucha adquiere entonces, inevitablemente, un carácter masivo.
La lucha "en la calle" requería ser encauzada para evitar su escalamiento progresivo. Así, frente a un escenario electoral vaciado de conflictos7 y uno extra - electoral lleno de conflictos, la reforma estaba pensada para abrir una válvula a la pluralidad a modo de reconocer la realidad social subyacente al entorno institucional.
A partir de esta línea inclusiva, organizaciones marginadas de la toma de decisiones por mucho tiempo se incorporan al incipiente sistema de partidos. De especial relevancia son los casos del Partido Comunista Mexicano (PCM) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), ambos con antecedentes de izquierda independiente. Este viraje en la concepción de las elecciones, tanto del régimen como de las organizaciones otrora excluidas, influyó en los actores sociales que desde la década anterior habían emergido con fuerza inusitada. El dilema de la participación electoral mostraba' sus primeros indicios frente al cambio en las condiciones políticas.
Antes de 1988 hubo algunos esfuerzos de acción electoral de ciertos grupos sociales. A la par del creciente desempeño de los partidos políticos como mediadores fundamentales entre los ciudadanos y las instituciones gobernantes, la lucha electoral se muestra atractiva para el sindicalismo insurgente (Trejo, 1990: 62). Y no sólo para este sector. Desde 1983, con base en una convocatoria de la llamada Coordinadora Revolucionaria Nacional (CRN)8—en la que se llama a los partidos de la izquierda independiente (PSUM, antes PCM, PMT y PRT) a permitir la acción electoral de organizaciones sociales mediante coaliciones regionales—se incrementan las experiencias en ese sentido, las cuales arrojan resultados poco significativos (Tamayo, 1990: 76-77). 9
No obstante la existencia de estos esfuerzos, de suyo escasos (Cuadro 1), persistía una distancia marcada entre la lógica partidista y la social. Por un lado, el diagnóstico general era adverso hacia la intervención en la política formal. Los argumentos eran del tipo:
1. La participación electoral es un medio reformista e inefectivo para satisfacer las necesidades de la gente.
2. Las elecciones son el medio que el gobierno tiene para legitimar su sistema hegemónico de control (los puestos de representación popular son sinónimo de medios de control), porque no son un espacio clave de confrontación política con el mismo.
3. Las preocupaciones y necesidades de la gente quedan subordinadas a los intereses y metas de los partidos políticos.
4. Los partidos de oposición pretenden manipular y capitalizar la fuerza de las organizaciones sociales para su propio crecimiento y prestigio.
5. La apertura real de espacios de democratización sólo se puede alcanzar a través de la organización de las masas, no con la formalidad de las elecciones.
La postura, entonces, se adjetiva de varias formas: abstencionista, beligerante, antipartidista, antielectoral, de rechazo a la''farsa electoral"
En razón de lo anterior, las organizaciones sociales no se ponían de acuerdo en el tema, tenían disensos profundos. Era el caso de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup), que después de largos debates en sus congresos decidió dejar en libertad a sus miembros de participar electoralmente sin involucrar a la coordinadora como tal. De este modo, organizaciones como la Unión de Colonias Populares (UCP), bajo el influjo de la Organización Revolucionaria Compañero (ORC), veían en la participación electoral una estrategia para atraerse nuevos simpatizantes (la consideraban una forma válida de lucha del movimiento urbano popular), mientras aquellas otras influidas por Línea de Masas, el Comité de Defensa Popular (CDP) de Durango y el Frente Popular Tierra y Libertad (FPTyL), creían que usar el voto implicaba "la participación de la burocracia estatal en la revolución misma".10 Especialmente el FPTyL, la organización más antipartido de entre las mencionadas, tenía como argumento principal que la participación en elecciones contribuía a "hacerle el juego a la burguesía" y crear ilusiones en las masas (Bennett, 1992, 1993; Bouchier, 1990; Carr, 1986; Pvamírez Sáiz, 1983, 1999).
Algunas organizaciones campesinas, como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y la Coordinadora Campesina Revolucionaria Independiente (CCRI), por su vínculo partidista directo (la primera con el PCM, después PSUM, la segunda con el PRT), tuvieron actividad en tareas políticas de tipo electoral. Además de la lucha estratégica por el poder, se partía de la idea "de que, en el corto plazo, es importante arrebatarle a la burguesía ciertos espacios de poder, principalmente a nivel municipal". Sin embargo, prácticamente el resto de las organizaciones de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) no compartían esta visión, y preferían el espacio de la lucha social (Flores Lúa et al. 1988; Paré, 1985).
Si partimos de la idea de Joseph L. Klesner (1998: 479) de que la permanencia de instituciones representativas y de elecciones como medios "formales" para la transferencia del poder ofreció la oportunidad a la oposición para perseguir fa democratización sin recurrir a la violencia y la ruptura con el régimen, entonces los comicios de 1988 reflejan el aprovechamiento de esa oportunidad porque representan un desafio directo al régimen político mexicano.11 Desafio porque se trató de las elecciones más competidas en la historia del país, luego de largos años de autoritarismo, en las que se vislumbraron posibilidades reales de triunfo para la oposición. Su importancia radica, además, en que siendo una oportunidad para la oposición partidista con miras a incidir en la democratización del régimen , lo es también para las organizaciones sociales que deciden participar electoralmente con una perspectiva distinta a la abierta por la reforma política de 1977.
Con los comicios de 1988, la desvinculación entre las políticas institucional y no institucional se ve nuevamente cuestionada, pero con mayor intensidad. El diagnóstico negativo se modifica. La vía electoral se ofrece ahora a crecientes sectores sociales como un espacio de canalización viable de la protesta, la cual había estado restringida en su alcance. Varios grupos sociales se comprometen con la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien encabeza una coalición política y social denominada Frente Democrático Nacional (FDN).
¿Por qué se modifica el diagnóstico? ¿Qué hay de atractivo en la candidatura presidencial cardenista que posibilita esta confluencia de políticas, hasta entonces poco común y de magros resultados?¿Cuáles son las condiciones y las motivaciones para que las organizaciones sociales participen en la campaña electoral de Cuauhtémoc Cárdenas?
El compromiso de las organizaciones sociales con el neocardenismo requiere de una explicación satisfactoria. La desatención general en la participación electoral—poco explorada en los estudios sobre la transición mexicana a la democracia13— ha llevado a Klesner (1998: 491) a afirmar:
Hay una necesidad urgente de una exploración sistemática del grado de reclutamiento de líderes de organizaciones civiles dentro de los partidos de oposición. Permanece la incertidumbre acerca del vínculo entre la sociedad civil y la sociedad política, especialmente en lo que toca a sus dimensiones electorales.
No obstante, ha habido algunos intentos por acercarse al tema. Al respecto, varios autores han sugerido algunas vetas explicativas para tratar de dar luces acerca de la naturaleza y características del neocardenismo en general. Veámoslas.
Angélica Cuellar Vázquez (1988) sugiere que la implantación social del fenómeno cardenista, al aglutinar a movimientos sociales nuevos, "se ha establecido como un contrapeso social al oficialismo". Dicho aglutinamiento implica un distinto tipo de relación Estado - sociedad, en el que las agrupaciones sociales y políticas, por su independencia, esbozan una forma diferente de ejercicio político. En lo que toca al aspecto del contrapeso, el fenómeno cardenista fraguó una alternativa democrática y antiautoritaria y la convirtió en un espacio de construcción y convergencia con organizaciones y movimientos sociales.
Para María Xelhuantzi López (1988a), la formación de la Corriente Democrática pasó a ser una "mediación necesaria para la evolución democrática del país", mientras que su carácter posterior de oposición política "se fundaría en el hecho de ser un movimiento de la sociedad y no del Estado, con una muy vasta representatividad de estratos y sectores sociales". Así, la conformación del FDN terminó por ser un "instrumento político -histórico - electoral a nivel nacional y regional para definir alianzas y convergencias básicas para el avance democrático de México".
Joe Foweraker (1989), por su parte, admirado por la aparente fuerza electoral del FDN, considera que éste es la primera expresión política nacional de los movimientos sociales posteriores a 1968 y, ademas, un abanderado potencial de una buena parte de una sociedad civil vigorosa aunque subrepresentada. En esa dirección, se trata de una convergencia progresiva de los movimientos populares mediante alianzas, 'coordinadoras' y coaliciones de coaliciones. La acumulación de luchas populares ya había tenido un impacto importante en el panorama electoral a corto y largo plazos en el país.
En un sentido similar, Juan Pablo González Sandoval (1989) argumenta que la emergencia del neocardenismo como movimiento social tiene que ver con una serie de factores concurrentes, a saber: el descontento generalizado, el deseo colectivo de que ocurran cambios, el impulso al reproche hacia los responsables de la crisis económica de 1982 y la avidez por encontrar alternativas de solución. En la materialización del "deseo colectivo" contribuye el terreno de lo simbólico: "el apellido [Cárdenas] vuelve a prometer a los grupos sociales la posibilidad de contar con un üderazgo y un posible gobierno orientado hacia la concreción de las aspiraciones populares".14
Alberto Aziz Nassif (1990, 1992), por otro lado, sostiene que el surgimiento de dos nuevas formas de representación política {neocardenismo y neopanismo) proviene del
encuentro de dos dinámicas: una corre de arriba hacia abajo (fracturas y recomposiciones entre las élites) y otra, de abajo hacia arriba (presión social y reclamos de movimientos sociales). En particular, el neocardenismo puede localizarse en el cruce de dos ejes, la separación objetiva entre el núcleo gobernante y las masas, y la exclusión de tendencias de centro - izquierda dentro del aparato priísta:
El neocardenismo empezó por ser la expresión de un referente de justicia del viejo México rural y ejidatario, pero se fue convirtiendo en uno de los movimientos sociales más importantes de las últimas décadas.
Para Víctor Manuel Durand Ponte (1990), el neocardenismo como movimiento político conjuntaba propuestas que significaban valores culturales para distintos grupos sociales, entre ellos: los ideales derivados de la Revolución Mexicana, la posibilidad de lograr la unidad de la izquierda, el recuerdo de la figura del general Lázaro Cárdenas, la posibilidad real de salir de la crisis económica en que el gobierno había metido a la sociedad y la promesa de democracia. Aunque el autor reconoce difícil recuperar los motivos por los que la gente se aglutinó en torno a la candidatura cardenista, sostiene que no se trató sólo de un movimiento ciudadano que se identificaba con un programa o un partido, se trató más bien de la reproducción de las identidades de distintos grupos, que estaban siendo negadas por la crisis y por la política gubernamental.
Jorge Tamayo Rodríguez (1990), en una visión cercana a la adoptada por Foweraker, plantea el análisis del neocardenismo como movimiento social, el cual implica la
articulación de los movimientos sociales dentro de un proyecto nacional: los movimientos populares y agrupaciones sociales encontraron en la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas el punto de coincidencia y de confluencia alrededor del cual agruparse, generalizar sus demandas y politizar sus luchas.
Dicha candidatura se convertiría en un poderoso polo de atracción para organizaciones y movimientos de la sociedad civil que ya estaban presentes en la década previa, manifestando una dinámica de protesta social que sólo requería de un eje articulador: el neocardenismo, símbolo y "mito redivivo".15
Jean Francois Prud'homme (1994) sostiene que la gestación del movimiento popular neocardenista se apoyó en cuando menos cuatro factores positivos: a) el desprendimiento de un sector de las élites revolucionarias, b) las dudas de varios partidos paraestatales en cuanto a su futuro en el sistema de partidos, c) la coincidencia de varios movimientos sociales autónomos y fragmentados que no actuaban dentro de la esfera de representación de intereses corporativistas, y d) la discusión en las formaciones de izquierda independiente para lograr su unión bajo una fórmula política. La participación de movimientos sociales autónomos logró plasmarse en una coalición antisistema, en la que aquellos encontraron una vía de incorporación a las luchas por la modificación del sistema político. En una palabra." el descontento social se había canalizado a través de la esfera electoral.
Para Jorge Medina Viedas (1998) las elecciones de 1988 representaron un cambio de época, donde convergieron dos procesos sociales: la ruptura del movimiento cardenista dentro del PRI y la emergencia de una nueva sociedad civil. La ruptura al interior del partido oficial por la coincidencia de resentimientos acumulados y un realista cálculo de oportunidades, tuvo lugar justo cuando los movimientos sociales alcanzaban su punto de maduración. A la interrogante: ¿por qué la convergencia / alianza de ex priistas y grupos de izquierda (militantes revolucionarios, comunistas de viejo cuño) que poco tiempo antes eran enemigos irreconciliables?, el autor responde con una buena dosis de realismo: por el poder:
La repentina ansiedad de la izquierda por el poder coincidía con la de los ex priístas, debido a su atavismo leninista. Ninguna otra fuerza o partido le ofrecía a la izquierda tradicionalmente marginal y reducida, la posibilidad de acortar los atajos en el camino hacia el poder que la de los propios ex priístas, quienes por añadidura ya habían conocido y detentado el poder político real.
Barry Carr (2000) plantea lo notable que resultó el arrastre masivo demostrado por el neocardenismo, al grado de caracterizarlo como "un movimiento de masas independiente, de impresionante tamaño y carácter nacional". Desde su punto de vista, el ascenso del
neocardenismo es la prueba de que el 'nacionalismo revolucionario' en'sus versiones cardenista y lombardista es la única corriente consistente y vital dentro de la tradición socialista mexicana, y ciertamente la única corriente capaz de movilizar generaciones sucesivas de estudiantes, profesionales y trabajadores calificados.16
Por último, Pablo González Casanova (citado por Isunza Vera, 2001) abona la idea del neocardenismo como un movimiento de mayorías: el cardenismo mostró la posibilidad de expresar, más que a una mayoría, a las mayorías, demandas concretas, particulares que se sumaron desde los más distintos rincones del país, y que no eran demandas abstractas, o meros temas generales, que incluso ni siquiera eran demandas de un partido gestor, sino de un partido de gobierno al que un gran numero de gentes empezó a ver como su gobierno y como una posibilidad real de gobierno.
Los anteriores esbozos explicativos pueden ser esquematizados en una serie de hipótesis, a saber:
(l) La hipótesis de la acumulación de luchas. El neocardenismo fue resultado de una convergencia o confluencia de movimientos sociales que habían estado presentes a lo largo de los años precedentes. En consecuencia, la candidatura cardenista se ofrecía como una especie de activador político de corrientes sociales gestadas tiempo atrás y presentes en ese momento.
(2) La hipótesis de los agravios contenidos. El neocardenismo fue una expresión de reprpche hacia los responsables del deterioro de las condiciones de vida de la gente, sobre todo a partir de la crisis de 1982 y la política de ajuste estructural que derivó de ella.
(3) La hipótesis del recuerdo colectivo. El resurgimiento del cardenismo se entiende por el recuerdo del general Cárdenas y sus políticas populares en los terrenos agrario, social y educativo, por mencionar los más relevantes. Entran en juego los ideales de la Revolución Mexicana, que se conjugan en una corriente persistente a la erosión del tiempo y capaz de conjuntar apoyos de muy diversa factura.
(4) La hipótesis del pragmatismo. En el apoyo social al fenómeno cardenista pesó sustanrialmente la posibilidad cercana de llegar al poder y no esperar eternamente en la trinchera de la protesta social. El pragmatismo se impuso en ciertos grupos sociales, los cuales cambiaron su perspectiva de largo plazo por una de corto.
No obstante, las anteriores hipótesis no tienen el propósito explícito de explicar el por qué de la participación electoral de las organizaciones sociales. Quienes mejor se aproximan a ello son González Sandoval, Durand Ponte, Tamayo y Prud'homme, pues intentan esbozar algunos factores / motivos de la emergencia del neocardenismo / participación de movimientos sociales autónomos / aglutinamiento de la gente en torno a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero son alusiones al caso, sin pretensiones de ser investigaciones sistemáticas sustentadas. Además, tratan de dar cuenta de un fenómeno social amorfo y en apariencia inasequible, el neocardenismo, sin detenerse a preguntar por la parte organizada e identificable de ese fenómeno, las organizaciones sociales.17
El único referente conocido que se pregunta por esa "parte organizada" es el texto coordinado por Angélica Cuellar Vázquez (1994): "nuestro interés [es] ... tratar de entender por qué movimientos sociales tan disímbolos habían participado políticamente en las elecciones apoyando la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas". Para responder a la interrogante, se exponen cinco casos—Consejo Estudiantil Universitario (CEU), Corriente de Trabajadores del Arte, la Cultura y la Ciencia (CTACC), Coordinadora Benita Galeana, grupos ecologistas y de maestros (no pertenecientes a la CNTE ni al SNTE)—bajo una presunción: hay distintas determinaciones que permiten explicar por qué organizaciones y movimientos sociales apoyaron a Cárdenas. Así, el caso ordena la respuesta: "nuestras indagaciones no pretendían llegar a conclusiones generalizadoras ni mucho menos a respuestas unívocas".
No obstante, los casos se configuran teniendo en cuenta un factor crucial: la creación colectiva de sentido. De este modo, "los individuos, como parte de un colectivo, hicieron una reelaboración de esa situación particular [la coyuntura] y decidieron participar independientemente de las decisiones de dirigentes, de los acuerdos políticos y del mismo discurso neocardenista". En ese tenor, la participación es un asunto de "atribución de significados", de transformación de necesidades, mconformidades y tensiones en demandas políticas. Así, cada organización y movimiento, tomando en cuenta sus experiencias previas y la memoria colectiva generada a partir de ellas, reelaboró su circunstancia particular en relación con la coyuntura electoral, y todo ello se constituyó en las "mediaciones que les dotaron de una dimensión política y que motivaron su deseo de participar en el proceso electoral". En consecuencia, "las formas de representar la realidad, de entender el pasado y el presente, cobraron gran importancia".
El trabajo de Cuellar (y de los autores de los casos) tiene la virtud de poner atención en el aspecto interpretativo, en el cómo los actores valoran su circunstancia organizativa en un contexto amplio, pero adolece de una falla vital: excede el compromiso con lo "subjetivo" al grado de que olvida la existencia de lo "objetivo".18 El énfasis en lo "experiencial" y su proyección en lo colectivo produce una explicación de un solo sentido—de lo subjetivo a lo objetivo—cuando una ruta alternativa, como la que se intenta en estas lineas, debiera ser de doble sentido. En otras palabras, en cómo la atribución subjetiva puede por sí misma modificar las condiciones—cuando se añade a otras decisiones particulares—y a su vez éstas contribuyen a modelar la decisión de participar—mediante la percepción de lo que otros harán para conseguir una misma meta.
A partir de esta diferenciación interpretativa, nos proponemos contribuir con la presente tesis en cuando menos tres pistas:
a) aportando una explicación con pretensiones generalizadoras de las motivaciones para participar electoralmente de las organizaciones sociales, asumiendo que el comportamiento de varias de ellas puede entenderse bajo un patrón de similar;
b) dando cuenta de cómo se construye en lo social—subjetiva y objetivamente—una oposición política en contextos autoritarios, vinculando dos tipos de actores que por lo regular la literatura de las transiciones mantiene separados: los élite y los no élite, y •
c) cuestionando las concepciones dicotómicas que perciben dos tácticas antagónicas e incluso contradictorias—la protesta social y la participación electoral—, al evaluarles como dos caras de la política, y por ello, propensas a la combinación en la obtención de las metas de los actores.
Nuestro argumento se construye, por tanto, apuntando hacia una distinción analítica entre elementos objetivos y subjetivos: el entorno político (las condiciones) y las motivaciones para la acción (los incentivos). El entorno político es objetivamente válido para todo actor interesado en la política. Los actores sociales motivados a participar hacen una evaluación del contexto en que se inscribe su posible involucramiento, esto es, realizan un ejercicio de interpretación del momento preciso en que se definirá su comportamiento. Las motivaciones caen en el terreno de lo subjetivo, implican la valoración de lo que se pretende obtener y cómo se piensa hacerlo. La combinación de ambos factores es lo que permite establecer las decisiones de los actores en torno a la participación y la acción colectiva.
Del entorno político se identifican tres señales. La primera tiene que ver con el contexto económico, especialmente la pérdida de capacidad estatal para satisfacer las demandas minimas de los sectores populares a raíz de la crisis económica de 1982. En general, la legitimidad posrevolucionaria de los gobiernos del PRI estaba basada en la estabilidad de la política económica y en los alcances distributivos de la social; con la crisis, la legitimidad se erosiona y profundiza las inconformidades de los actores sociales.
La segunda señal es la "insurgencia electoral", la creciente competitividad electoral en elecciones estatales y municipales al norte del país. Hasta 1987, el escenario electoral había sido favorable para el Partido Acción Nacional (PAN), la oposición legal más añeja, que defendía sus presuntos triunfos en ocasiones con actos que derivaban en violencia. Este dato es relevante y no puede omitirse en una explicación del ambiente político, porque le mostraba a la izquierda social que la gente se interesaba en las elecciones y que tenían un potencial de movilización considerable. Además, la margjnación de la política formal, ante el crecimiento del PAN en varios comicios, daba paso a la idea de "no regalar el poder a la derecha", previniendo un posible bipartidismo, y por lo tanto, no quedar fuera de la jugada.
La tercera señal es emitida por la élite gobernante cuando se escinde del Partido Revolucionario Institucional (PRI) un grupo "distinguido" de militantes constituidos en la Corriente Democrática (CD), y ese grupo decide participar en los comicios federales promoviendo la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Esta escisión no implicaba una simple división de un partido político, sino, dadas las características del país—la fusión partido-gobierno—, una fractura en el régimen autoritario.
En las motivaciones para la acción, la participación electoral de las organizaciones sociales distingue entre lo que se espera obtener (la utilidad esperada) y las probabilidades de obtenerlo mediante la opción seleccionada (la expectativa de éxito). En esa dirección, la candidatura cardenista presenta la oportunidad de:
1. Articular demandas heterogéneas en un interés común, la manifestación del descontento. La principal bandera enarbolada por la CD y posteriormente por el FDN, la ^conformidad con la política económica "neoliberal", se consolidó en un amplio reclamo nacional compartido por las organizaciones. La participación electoral de varias de ellas traduce demandas dispersas y limitadas en un proyecto de nación, percibido incluyente.
2. Construir una alternativa política única de izquierda, que dejara atrás una historia recurrente de marginalidad y sectarismo. Los constantes llamados de grupos políticos y sociales para articular una "candidatura común", así como la declinación de Heberto Castillo, candidato del Partido Mexicano Socialista (PMS), en favor de Cárdenas, expresan firmemente este ambiente unitario. Aunque Cárdenas no era visualizado como un representante del socialismo, su postura "nacionalista y estatista" convenció a muchos de esos grupos de que la prioridad era aprovechar la coyuntura electoral y solidificar una alternativa de poder de izquierda.
3. Influir deterrninantemente en las decisiones de gobierno. No tiene sentido la expresión del descontento y la construcción de una alternativa política de izquierda si no se plantea seriamente la obtención del poder. Si la exclusión había sido el síndrome de las agrupaciones sociales en las décadas previas, la posibilidad de tener voz—ser tomadas en cuenta—y voto—ser copartícipes de las decisiones a través de cargos de elección popular—permite cambiar esa situación por otra de inclusión activa. Se trataba de tener incidencia política, tanto en el cumplimiento de las demandas sectoriales como en la elaboración de políticas públicas afines a ellas.
La expectativa de éxito proporciona elementos para medir la viabilidad de la obtención de los beneficios esperados, expresión de descontento, alternativa política única de izquierda e injerencia decisiva en el gobierno. El éxito en el proceso electoral, la probabilidad de ganar del candidato visualizada en los eventos de campaña y las adhesiones de activistas y grupos sociales, se fue nutriendo a sí mismo. A medida que numerosos contingentes sociales apoyaban crecientemente a Cárdenas, resultaba más costoso quedarse a la zaga y defender solitariamente el capital social y politico propio ganado por años, que aventurarse y sumarse a un movimiento ascendente y percibido triunfador. La aportación constante de las movilizaciones sociales de la campaña tenía la capacidad de aumentar la expectativa de éxito electoral y de provocar un efecto expansivo (multiplicador), al grado de "convertirse por sí misma en una motivación extra para participar.
Del cruce de los anteriores elementos, el entorno y las motivaciones, se deriva nuestro argumento principal:
Las organizaciones sociales participarán electoralmente si obtienen del candidato presidencial compromisos creíbles, en términos de los beneficios buscados, además de que perciban que éste tiene probabilidades reales de triunfo en virtud del respaldo social que se melca hacia su campana. La decisión de participar está mediada por un entonto politico propicio, porque considera la aparición de una opción política cercana ideológicamente, la percepción de que los comicios son una vía aceptable para expresar el descontento social, y la suma de inconformidades, producto de la crisis económica.
Como se puede observar, el cambio en el entorno político ofrece una oportunidad objetiva para la acción, pero serán los actores sociales quienes se planteen si, en efecto, representa una oportunidad subjetiva para participar. Dependerá de los alcances de sus demandas (sectoriales, regionales o nacionales), de la evaluación coyuntural de la relación costo / beneficio y, claro está, de qué probabilidades reales encuentran de que la opción elegida—Cárdenas—triunfará. En suma, la resolución del dilema de la participación electoral se vincula directamente con la interrelación entre las condiciones objetivas y las atribuciones subjetivas.
Una aclaración indispensable. No se desconoce la situación endógena prevaleciente en las organizaciones sociales antes de 1987-1988, a saber: a) la ausencia de un discurso con reivindicaciones democráticas y de una estructura y dinámica interna también democráticas; b) el entrecruzamiento de las redes de los partidos políticos y las organizaciones, sin que necesariamente hubiera vinculación orgánica entre ellos; y c) la marcada orientación de algunas a la cooperación y al pragmatismo, especialmente aquellas surgidas al calor de los sismos de 1985, en virtud de su incorporación en programas públicos de reconstrucción y su interlocución con las instituciones del Estado.
Sin embargo, éstos son factores que bien pueden pensarse que prepararon el terreno para la candidatura cardenista, pero en sí mismos no son variables explicativas de la participación electoral. La orientación de nuestra hipótesis nos indica que para que las trincheras de movilización independiente, producto de años de protesta social, pudieran activarse después del letargo causado por el dilema aquí expuesto, se requería de una coyuntura específica. El neocardenismo la ofrece y los actores sociales la asumen con todos sus efectos.
Conviene precisar que el interés nuestro se centra en las organizaciones sociales participantes, no en los múltiples apoyos dispersos que el candidato recogió durante sus recorridos por el país. Esto lleva a decir que aquellos grupos estudiados no representan el universo total de los que efectivamente apoyaron a Cárdenas. Es decir, los que aparecen como nuestro objeto principal de estudio fueron seleccionados en virtud de dos criterios acumulativos: a) contar con información (hemerográfica y/o bibliográfica) acerca del momento en que se deciden a apoyar a Cárdenas, y b) contar con información (hemerográfica y/o bibliográfica) del por qué de su apoyo a Cárdenas.
La combinación de ambos elementos será de vital importancia, porque permitirá definir la clase de actor según el cruce de las variables credibilidad y expectativa. En consecuencia, las organizaciones seleccionadas son las siguientes: Unión Popular Nueva Tenochtitlán (UPNT), Acción Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEL), Organización de Izquierda Revolucionaria -Línea de Masas / Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (OIR-LM / UPREZ), Movimiento de los 400 Pueblos (M-400), Movimiento al Socialismo (MAS) y Asamblea de Barrios (AB).
Es necesario destacar la importancia del análisis emprendido en éstas páginas, en razón de que no sólo se Umita a cubrir un hueco en el estudio de la campaña cardenista (la parte organizada del respaldo social), sino que además aporta indicios acerca de la opción abierta por la candidatura del FDN. Esto es, en esta explicación de las motivaciones para participar se encuentra implícito el origen del Partido de la Revolución Democrática (PRD), hoy tercera fuerza política nacional. A partir de ello, mediante una ampliación posterior de los intereses de investigación, sería posible arrojar luz sobre cómo la convergencia de organizaciones de variado tipo en la creación del partido contribuyó a proporcionarle un discurso y práctica políticas con "contenido social", y una estructura organizativa fragmentada en grupos o "tribus".
La tesis está conformada por cuatro capítulos. En el capítulo 1, ¿Y Yo Por Qué? Participación y Acción Colectiva, se establecen los fundamentos teóricos a partir de los cuales se guía la exposición restante. Se pretende dar luz acerca de la pregunta teórica clave de nuestra formulación posterior, ¿por qué participar?, mediante la exploración de dos cuerpos de la literatura de los movimientos sociales: oportunidades políticas y participación (involucramiento o reclutamiento) en la acción colectiva. A partir de estos fundamentos, se establecen algunas implicaciones para el caso que nos ocupa, a la par que se justifica la utilización de esta literatura en el análisis del neocardenismo.
En el capítulo 2, Al Encuentro de la Oportunidad: Las Elecciones de 1988, se exponen las condiciones objetivas facilitadoras de la participación. Son elementos comunes en la discusión sobre la democratización mexicana, aquí se presentan desde la perspectiva de la estructura de oportunidades políticas como la apertura de una ventana de oportunidad que puede ser aprovechada. De este modo, los cambios en el entorno político ofrecen una oportunidad para la participación electoral: la crisis económica produce una serie de demandas y las acumula a las ya existentes; la creciente competitividad electoral estatal y municipal potencia las posibilidades de las organizaciones sociales, al hacer visible la vía electoral como un espacio óptimo para canalizar las protestas y demandas; y la escisión de la Corriente Democrática del PRI abre la puerta para la convergencia entre las demandas sociales y un proyecto de nación que las articule.
El capítulo 3, Los Efectos Contrarios de la Credibilidad Cardenista, se propone introducir el campo identitario en el que se movió el neocardenismo y los efectos que produjo en las organizaciones sociales. Aquí hacemos uso intensivo de la prensa escrita para reconstruir los "argumentos a favor y en contra de Cárdenas, así como de la entrevista que le hicimos al mismo personaje, a manera de ubicar su postura ideológica y la percepción tenida de ella por parte de sus potenciales aliados. Para tal efecto, la credibilidad la dividimos en dos: la política y la económica. La primera arroja un saldo negativo para Cárdenas, mientras la segunda le permite articular alianzas. No obstante, se argumenta que la credibilidad política gravitó negativa y constantemente en la imagen del candidato hasta que su ascendente social hace pasar a segundo plano el problema democrático. Sólo entonces el candidato adquiere credibilidad, pues dependerá en buena medida de su compromiso económico y social con las organizaciones sociales, visto desde la lente abarcadora del nacionalismo revolucionario.
El capítulo 4, La Expectativa de Triunfo: Un Ejercicio Exitoso, plantea la resolución del dilema de la participación electoral a partir del criterio numérico: mientras mayores y más cuantiosas movilizaciones sociales se percibieron en el transcurrir de la campaña, más rápido el convencimiento de las organizaciones sociales de adherirse a la campaña del FDN. La desconfianza generada por el problema democrático casi desaparece, y en su lugar hacen acto de presencia las coincidencias programáticas entre las organizaciones sociales y el candidato. Así, el ejercicio exitoso de la expectativa de éxito le dio sentido al proyecto nacionalista revolucionario sostenido por Cárdenas. De resumirse la idea en una expresión, bien podría ser: "Si la gente le apoya, por algo será; hay que estar allí". El sustento de este capítulo reside en la combinación de tres tipos de evidencia: el registro periodístico detallado de las percepciones del momento (articulistas, actores políticos y sociales), el desenvolvimiento temporal de los eventos de la campaña (mítines y saludos), y entrevistas con algunos líderes de organizaciones sociales.

NOTAS

1 Conviene aclarar que la referencia a ambas tácticas—parlamentaria y extraparlamentaria—no implica necesariamente que per se sean dos vías opuestas y/o contradictorias, una propiamente política y la otra antipolítica. Ambas son tácticas políticas y pueden llegar a ser complementarias (a lo largo de la tesis recibirán diferentes denominaciones: política formal y política informal, política institucionalizada y política no institucionalizada o contenciosa, participación electoral y protesta o lucha social). La diferencia estribará, como haremos ver, en que en situaciones democratizadoras, por la misma dinámica de las organizaciones sociales, éstas perciben ambas tácticas como contrarias en la consecución de las metas comunes, sobre todo porque no está probada la eficacia de la alternativa electoral.

2 "Entendemos por 'transición' el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro ... Las transiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria. Lo característico de la transición es que en su transcurso las reglas del juego político no están definidas ... Durante la transición, en la medida en que existen reglas y procedimientos efectivos, estos suelen estar en manos de los gobernantes autoritarios ... La señal típica de que se ha iniciado una transición es que estos gobernantes autoritarios, por cualquier motivo, comienzan a modificar sus propias reglas con vistas a ofrecer mayores garantías para los derechos de los individuos y grupos" (O'Donnell y Schmitter, 1994. 19-20).

3 Ese es el sentido de la siguiente definición de transición democrática "...el periodo ambiguo e intermedio en el que el régimen ha abandonado algunas de las características determinantes del anterior ordenamiento institucional sin haber adquirido todas las características del nuevo régimen que se instaurará. Se configura asi un periodo de fluidez institucional en el que aún se enfrentan las diferentes soluciones políticas apoyadas por los actores presentes en la liza ... la transición se inicia cuando empiezan a reconocerse los derechos civiles y políticos que están en la base de todo ordenamiento democrático" (Morlino, 1996: 104-105).

4 Todas las traducciones de textos en inglés que aparecen en la presente tesis, son responsabilidad del autor de la misma.

5 Esta es la historia recurrente—definida por el ciclo elecciones manipuladas - reforma electoral - elecciones manipuladas—que, en términos de Schedler (2001a: 24), mantuvo a México—entre finales de los ochenta y principios de los noventa—en una transición prolongada desde un autoritarismo electoral. Lo que distingue a las transiciones prolongadas es, a decir de Loaeza (2000: 4-5), el tiempo tomado en "la construcción de los acuerdos relativos a los mecanismos de lucha por el poder, y los alcances de estos mecanismos". Además, "la lentitud de las negociaciones puede explicarse por desacuerdos entre los actores en cuanto a la agenda de prioridades, o simplemente porque alguno de ellos—continuista o reformista—considera que el paso del tiempo le favorece". Como se ve, el "tiempo" es factor importante. Hay quienes sugieren un lapso mayor en nuestra democratización: "[La transición] mexicana ha sido caracterizada como una transición prolongada no pactada que ha ocurrido a través de más de 30 años, un largo proceso de lucha y de reformas incompletas del régimen pohtico, en el cual la coalición gobernante, en vez de construir nuevas reglas del juego que hagan posible una transición, ha peleado una 'guerra de trincheras' contra los partidos de oposición" (Ortega, 2001: 272). En el mismo tenor, Cadena Roa (2003: 107-108) sostiene: "Las transiciones, por lo general, han sido eventos inesperados, pero la transición mexicana ha sido un proceso gradual y errático; comenzó en los setenta y tomó casi tres décadas para llegar a su término".

6 En la definición de Huntington (1994: 22), la liberalización "es la apertura parcial de un sistema autoritario, sin que se elijan líderes gubernamentales a través de unas elecciones libremente competitivas. Liberalizar un régimen autoritario puede consistir en liberar presos políticos, abrir algunas instancias para el débate público, atenuar la censura, permitir elecciones para puestos que tienen escaso poder, permitir alguna expresión de la sociedad civil y dar otros pasos en dirección a la democracia, sin someter a los que toman las decisiones principales a la prueba de las elecciones".

7 El ejemplo característico de la insustancialidad de la vía legal es la realización de las elecciones de 1976 con la participación exclusiva del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aunado a ello, y para remarcar la distancia entre dos realidades, el Partido Comunista Mexicano (PCM) lanza a un candidato sin registro oficial.

8 Integrada por el Comité de Defensa Popular (CDP), la Unión Campesina Independiente (UO), el Movimiento de Lucha Popular (MLP), la Asociación Democrática de Estudiantes Neoleoneses, el Movimiento de Lucha Revolucionaria (MLR) y la Organización Revolucionaria Punto Crítico (ORPC); después se agregaría la Coalición Obrero - Campesino - Estudiantil del Istmo (COCEI).

9 De acuerdo con Moguel (1987: 57-58), una consecuencia del repliegue defensivo del movimiento popular durante el segundo semestre de 1984, fue apreciar el terreno electoral como "un nuevo vehículo de expresión, de rompimiento del cerco' represivo y del aislamiento sectorial, de reciclamiento y expansión de fuerzas políticas y, en fin, de articulación de nuevas formas de lucha y de organización, tanto en el plano de los partidos como en el de las organizaciones sociales".

10 Del mismo modo se dividieron los grupos en el Distrito Federal. Por ejemplo, organizaciones como el Comité de Lucha lnquilinaria del Centro (CLIC), la Unión Popular Valle Gómez (UPVG) y la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre (UVyD -19) tuvieron participaciones electorales amplias o cuando menos no rechazaban dicho canal de expresión, mientras que otras, como la Unión de Colonias Trabajo y Libertad (UCTyL) y el Centro de Estudios Tepiteños (Cetepi) no participaban de la lucha electoral y optaban por impulsar frentes de masas o asistir a foros organizados por el PR1 y el gobierno local (Bohórquez. 1989).

11 Schedler (2001b: 18) considera que en esa elección el "umbral de denota y victoria" de la oposición se elevó a su nivel máximo, la presidencia de la República.

12 De acuerdo con Olvera (2003: 52-53), la "sorpresiva insurrección electoral" le abrió a la izquierda una posibilidad inédita en su historia: "el paso de la centralidad de la esfera social a la esfera política a partir de 1988 expresa el cambio de perspectiva de las élites político - culturales mexicanas, que decidieron aceptar la via electoral como forma civilizada y pacífica de propiciar el cambio de régimen".

13 De ello da cuenta en gran medida la tesis de maestría del autor del presente trabajo. Véase López Leyva (2000).

14 Por la misma vía corre la explicación de Dan A. Cothran (1994): "Pero es el apellido de la familia Cárdenas el factor más importante que lo impulsó al üderazgo de la oposición ... Millones de mexicanos recuerdan a Lázaro Cárdenas como el presidente que trató de ayudar a los desventurados directamente. Tal como lo ha dicho un escritor norteamericano: 'Cárdenas fue un nombre mexicano con la magia dinástica de un Kennedy o un Roosevelt en los Estados Unidos".

15 La misma argumentación se encuentra en el trabajo de Jaime Tamayo (1992).

16 De hecho, para Javier Guerrero M. (1989) el nacionalismo revolucionario de nuevo tipo recogido por el FDN, basado en el cardenismo de los años treinta, no hacía más que actualizar una serie de conquistas que el pueblo en armas había demandado en 1910, con la diferencia de que "lo qué el pueblo trabajador impuso parcialmente al Estado cardenista. Hoy sólo puede ser llevado a cabo, parcial o totalmente, por el movimiento popular".

17 Vale señalar que las hipótesis descritas tienen relación con la argumentación que proponemos, pero no son necesariamente su centro. Así, la acumulación de luchas y los agravios contenidos plantean un antecedente propicio para la participación electoral; el recuerdo colectivo gravita favorablemente en la imagen del candidato, pero es una variable de difícil medición; y el pragmatismo, en efecto, es una premisa fuerte, siempre y cuando se reformulen sus alcances—no como un simple cambio de opinión sin fundamento.

18 Además, los casos que se presentan no son comparables. El CEU no apoyó como organización a la candidatura cardenista, aunque su base si lo hiciera; la CTACC difícilmente puede ser considerada bajo los cánones de movinúento social, mucho menos de organización social; la Coordinadora de Mujeres "Benita Galeana" fue creada después de las elecciones, por lo cual su estudio poco tiene que ver con las razones para participar; los maestros son analizados sin respaldo organizativo, como una expresión desarticulada. Quizás el caso que mejor embona con el propósito del libro sea el de los ecologistas, aunque el Partido Verde haya brindado su apoyo a Cárdenas como un partido político sin registro oficial. En suma, no pueden ser considerados movimientos u organizaciones sociales en el contexto en que se les analiza.

• Agradecimientos.


• Nota preliminar.


• Introducción.


• Capítulo 1. ¿Y Yo Por Qué? Participación y Acción Colectiva.
  El entorno político.


• Capítulo 2. Al Encuentro de la Oportunidad: Las Elecciones de 1988.


• Capitulo 3. Los Efectos Contrarios de la Credibilidad Cardenista.


• Capítulo 4. La Expectativa de Triunfo: Un Ejercicio Exitoso.


• Conclusiones.


• Fuentes.


• Anexos.


• Cuadros.


• Gráficas.


• Guias de entrevistas.


• Apéndice metodológico.

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