La discusión sobre las políticas públicas en materia de derechos humanos es relativamente nueva, tanto en nuestro país como en América Latina. Este debate ha sido impulsado, de manera fundamental, por las instancias de derechos humanos internacionales, un grupo representativo de organizaciones civiles especializadas, así como por la firma y ratificación que ha hecho el Estado mexicano de los Tratados y Convenios internacionales.
Durante la Declaración de Viena y Programa de Acción, aprobados en junio de 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomendó a los Estados que consideraran la conveniencia de elaborar un plan de acción nacional para definir las medidas para mejorar la promoción y protección de los derechos humanos.1 Esto generó la implementación de los programas en algunos países,2 teniendo como objetivo fundamental la ejecución, en el ámbito interno, de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, mediante el diseño de políticas públicas pertinente.
En este sentido, y a causa de su papel impulsor de diversas acciones orientadas a su promoción y protección, México ha sido reconocido en el ámbito internacional como país impulsor de los derechos humanos. Este reconocimiento se sustenta en el carácter y la relevancia de la política exterior mexicana, derivados de la fuerte presencia del país en actividades relacionadas con la agenda internacional de los derechos humanos. No obstante, el proceso de interna... leer más
La discusión sobre las políticas públicas en materia de derechos humanos es relativamente nueva, tanto en nuestro país como en América Latina. Este debate ha sido impulsado, de manera fundamental, por las instancias de derechos humanos internacionales, un grupo representativo de organizaciones civiles especializadas, así como por la firma y ratificación que ha hecho el Estado mexicano de los Tratados y Convenios internacionales.
Durante la Declaración de Viena y Programa de Acción, aprobados en junio de 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomendó a los Estados que consideraran la conveniencia de elaborar un plan de acción nacional para definir las medidas para mejorar la promoción y protección de los derechos humanos.1 Esto generó la implementación de los programas en algunos países,2 teniendo como objetivo fundamental la ejecución, en el ámbito interno, de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, mediante el diseño de políticas públicas pertinente.
En este sentido, y a causa de su papel impulsor de diversas acciones orientadas a su promoción y protección, México ha sido reconocido en el ámbito internacional como país impulsor de los derechos humanos. Este reconocimiento se sustenta en el carácter y la relevancia de la política exterior mexicana, derivados de la fuerte presencia del país en actividades relacionadas con la agenda internacional de los derechos humanos. No obstante, el proceso de internación se ha desarrollado de manera diferenciada con respecto a la firma de tratados de derechos humanos, como lo demuestran los compromisos –aún no cumplidos del todo– asumidos frente a instancias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA).
Un ejemplo de esta tendencia está dado por el sistema Ombudsman, que hasta la década de 1980 generó la primera institución pública de derechos humanos, es decir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por otra parte, cabe señalar que la apertura del tema al escrutinio internacional ocurrió hasta una década después.
A partir del principio según el cual los derechos humanos y su marco de aplicación son responsabilidad estatal y elemento indispensable en el entramado institucional democrático, esta investigación de Maestría tiene como objetivo aproximarse descriptivamente a hechos recientes vinculados con el debate acerca de las políticas públicas y los derechos humanos. El contexto de esta investigación está dado por los esfuerzos gubernamentales en la construcción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos desde los Programas Nacionales de Derechos HUMANOS (PNDHs), a partir de la alternancia del partido en el poder ejecutivo en el año 2000. Cabe señalar que México fue de los primeros países en retomar la recomendación de las instancias internacionales, y así se elaboró el Programa Nacional para Promover y Fortalecer los Derechos Humanos, en 1998.3 La revisión que hago se enfoca en la complejidad de la implementación de los Programas Nacionales de 2004-2006 y 2008-2012, así como en su falta de concreción.
El primer PNDH 2004-2006 se propuso colocar las bases para una política de Estado en materia derechos humanos. Sin embargo, no logró concretar acciones que permitieran alcanzar el objetivo, y una prueba de esto es que no se aseguró la continuidad entre las administraciones de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2008). Si bien es cierto que dichos Programas han estado bajo
la responsabilidad del Ejecutivo, hasta la fecha no se ha logrado la coordinación con los niveles de gobierno y el conjunto de la Administración Pública Federal para implementar acciones en la materia.
Los PNDHs tienen como antecedente principal al referido Programa público de 1998, pero el alcance de esta investigación se remonta al año 2000, cuando inicia el debate sobre la necesidad de construir políticas públicas en derechos humanos e implementar una política de Estado en la materia. En el caso de los PNDHs, su proceso de construcción ha sido impulsado por organizaciones de la sociedad civil y sociales, por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como por el citado contexto de alternancia.
La relevancia y el sentido de esta investigación se hacen evidentes frente a la escasa información que existe en México sobre el proceso de políticas públicas y el enfoque en materia de derechos humanos, desarrollado en años recientes y no sólo en nuestro país, sino también a nivel internacional.
La metodología se fundamenta en una aproximación empírica; y tiene como punto de partida la revisión bibliográfica de diversos autores, de textos desarrollados por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como también documentos de trabajo y posicionamientos públicos de organizaciones civiles que se han incluido en este proceso constructivo –Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O. P., Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Católicas por el Derecho a Decidir, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Incide Social y Sin Fronteras–. También se han revisado los siguientes documentos: el Diagnóstico de la Situación de los Derechos Humanos en México, los Programas Nacionales de Derechos Humanos 2004- 2006 y 2008-2012, el Informe del Comité Coordinador de Evaluación y Seguimiento y el Diario Oficial de la Federación, entre otros.
Desde esta perspectiva, los Programas Nacionales de Derechos Humanos constituyen política pública e incluyen acciones que generan más políticas públicas con las características de transversalidad y complementariedad en las diferentes esferas gubernamentales a que alude su implementación.
Es evidente que estos Programas no han resultado en acciones para la internación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por diversas razones. Por un lado, están la falta de constitucionalización de los derechos humanos y la ausencia del rango constitucional en el caso de los tratados. Pero también influye el carácter no integral de las políticas públicas, manifiesto en la falta de continuidad entre administraciones, en la carencia de recursos públicos para su operación, y en la inexistencia de voluntad política para concretar acciones en la materia.
Éste trabajo de investigación se estructura de la siguiente manera. El primer capítulo es un acercamiento al tema de los derechos humanos en términos conceptuales y jurídicos. Aquí se plantean elementos para recuperar el concepto y visión de política pública en relación con el debate sobre el enfoque de derechos humanos. Y finalmente se aborda la diferencia entre la política de derechos humanos en el ámbito nacional y en el internacional que ha venido desarrollando el gobierno mexicano.
El segundo capítulo presenta los antecedentes y el proceso de construcción de los Programas Nacionales de Derechos Humanos, los insumos generados y un análisis de sus tiempos de implementación. Aquí se destacan los problemas no resueltos, a través de la evaluación de sus mecanismo de seguimiento y de las observaciones realizadas por la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en México. Al mismo tiempo, en el marco de una nueva administración, se desarrolla una comparación con el Programa publicado en el 2008, que focaliza retos y pendientes incompatibles con la construcción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
La sección final de esta investigación de Maestría la constituye un anexo que incorpora un cuadro comparativo entre el Programa Nacional de Derechos Humanos 2002-2006 y el Programa 2008-2012, en lo referente a logros y asignaturas pendientes.
- INTRODUCCIÓN
- CAPITULO 1. DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICA PÚBLICA
- CAPÍTULO 2 LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO: UN PROCESO SIN CONCRECIÓN
- CONCLUSIONES. OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
- Anexo Cuadro Comparativo entre los Programas Nacionales de Derechos Humanos 2004-2006 y 2008-2012
- Bibliografía
- Acrónimos
- Notas
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