México esta plenamente integrado al sistema internacional e interamericano de protección de los derechos humanos mediante la firma y ratificación de diversos pactos y convenios que lo comprometen a respetarlos y le imponen obligaciones formales tanto al poder ejecutivo, legislativo y judicial.
El objetivo del presente estudio es identificar y analizar los mecanismos administrativos y jurídicos para hacer justiciable el derecho humano a la vivienda, de acuerdo a los estándares internacionales a los que el Estado mexicano se ha comprometido; de esta manera, pretendemos documentar si esta cumpliendo con la responsabilidad internacional contraída.
Debido a que el Estado mexicano posee una estructura federal, se hace necesario conocer las repercusiones (Martin, 2004: 99) internas e internacionales a la hora de cumplir u omitir deberes establecidos en normas internacionales de derechos humanos, sobre todo porque cada estado de la federación puede apelar a que es libre y soberano y pretender ampararse en disposiciones de orden interno para incumplir sus obligaciones.
Previendo lo anterior la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados (1969) dispuso una regla fundamental en su artículo 27: el principio pacta sunt servanda, que en su parte atinente señala “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
El sistema interamericano de derechos humanos y de manera par... leer más
México esta plenamente integrado al sistema internacional e interamericano de protección de los derechos humanos mediante la firma y ratificación de diversos pactos y convenios que lo comprometen a respetarlos y le imponen obligaciones formales tanto al poder ejecutivo, legislativo y judicial.
El objetivo del presente estudio es identificar y analizar los mecanismos administrativos y jurídicos para hacer justiciable el derecho humano a la vivienda, de acuerdo a los estándares internacionales a los que el Estado mexicano se ha comprometido; de esta manera, pretendemos documentar si esta cumpliendo con la responsabilidad internacional contraída.
Debido a que el Estado mexicano posee una estructura federal, se hace necesario conocer las repercusiones (Martin, 2004: 99) internas e internacionales a la hora de cumplir u omitir deberes establecidos en normas internacionales de derechos humanos, sobre todo porque cada estado de la federación puede apelar a que es libre y soberano y pretender ampararse en disposiciones de orden interno para incumplir sus obligaciones.
Previendo lo anterior la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados (1969) dispuso una regla fundamental en su artículo 27: el principio pacta sunt servanda, que en su parte atinente señala “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
El sistema interamericano de derechos humanos y de manera particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1981, artículo 28) contempla la denominada “Clausula Federal”, en ella establece que:
1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.
2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.
La regla de oro (O’Donnell, 2004:60) sobre la interpretación de los tratados esta plasmada en el primer párrafo del articulo 38 de la Convención de Viena que dispone: “Un tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin [el resaltado es nuestro].” . Por ello al aplicarle esta regla al artículo antes mencionado, encontramos que es imputable al estado de Nayarit la obligación (Martin, comps., 2004: 54) de respetar, proteger, garantizar y promover de manera efectiva los derechos humanos en los que el Estado mexicano es parte. Los DESC son derechos y no prerrogativas que dependan de la existencia de recursos o de la buena voluntad de los gobiernos.
En virtud de lo anterior planteamos como hipótesis que el Estado de Nayarit incumple los compromisos internacionales en materia de vivienda porque no existen mecanismos para hacer justiciable este derecho, situación que le genera responsabilidad internacional.Por tanto el objetivo del presente trabajo será revisar los mecanismos administrativos y jurídicos existentes para hacer justiciable el derecho humano a la vivienda adecuada en el Estado de Nayarit y para ello lo hemos dividido en nueve secciones. La primera versara sobre las aproximaciones teóricas de los conceptos de: derecho, vivienda adecuada, justiciabilidad, exigibilidad y responsabilidad internacional; la segunda sección examinara el derecho humano a la vivienda adecuada desde el sistema universal e interamericano de protección de los derechos humanos: la siguiente sección analizará las obligaciones del Estado mexicano respecto a este derecho, que son las de respetar, proteger, cumplir , que los que los DESC se garanticen sin discriminación e igualdad, garantizar niveles esenciales de satisfacción de los DESC, brindar recursos legales adecuados y de no permitir los desalojos forzosos; en la sección siguiente, se revisara este derecho desde el marco constitucional, leyes federales, locales, diagnóstico sobre la situación actual del derecho a la vivienda y las políticas públicas enfocadas a este derecho; en la quinta hablaremos del paradigma del Estado Constitucional Democrático de Derecho por considerar que es el que ofrece una mejor solución a las funciones que debe asumir el Estado ; en la sesión posterior se abordará el papel de los jueces en la justiciabilidad de los DESC ; la sección séptima tratará del rol que está desempeñando el organismo no jurisdiccional local en la justiciabilidad de los DESC; la próxima sección desarrollará el tema de las reparaciones, consideramos importante incluir este capítulo pese a que no existe precedente de algún caso donde se hayan solicitado, sin embargo la reparación del daño es el ultimo eslabón en la cadena de obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos; en el último capítulo se reflexionará qué tanto esta siendo exigible este derecho por parte de la población demandante y al final terminamos con unas breves conclusiones.
Como se vera se trata de un trabajo descriptivo de tipo documental, la información fue obtenida a través de diversas fuentes oficiales: unidades de enlace que contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; entrevistas con servidores públicos1 (pues no se encuentra a disposición del público) así como también en la página electrónica del Periódico Oficial local y otras de tipo hemerográfico tanto electrónicas como impresas; con la finalidad de conocer cuál es el panorama de este derecho en la entidad y en especial su justiciabilidad.
Creemos en la pertinencia de este trabajo, sin pretender sea exhaustivo (esta fuera de nuestro alcance), en el desarrollo del mismo contrastaremos el marco jurídico estatal con el marco jurídico del DIDH en la materia, de acuerdo a los compromisos adquiridos por el Estado mexicano.
NOTAS
1 Magistrados (tres) que integran la sala civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJN), así como también al Secretario General de Acuerdos, al Director de la Escuela Judicial y el Director de la Carrera Judicial del mismo; el Coordinador Jurídico del Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit (INPROVINAY); Secretario Ejecutivo de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; Director de Normatividad e Iniciativas de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos, de la Secretaria General de Gobierno; Jefe de Unidad de Vivienda de la SEDESOL en el Estado; un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y una defensora de oficio del Tribunal de Justicia Administrativa.
- I. Introducción
- II. Aproximaciones teóricas a los conceptos
- III. Derecho humano a la vivienda adecuada desde el sistema internacional e interamericano de protección de los derechos humanos.
- IV. Obligaciones del Estado mexicano respecto del derecho a la vivienda adecuada:
- V: El derecho a la vivienda adecuada en el marco Constitucional, leyes federales, locales y políticas públicas
- VI. El paradigma del derecho social
- VII. El papel de los jueces en la justiciabilidad de los DESC en la entidad.
- VIII El rol del organismo no jurisdiccional local en la justiciabilidad de los DESC
- IX. Reparaciones por violación al derecho a la vivienda adecuada
- X. ¿Es exigible el derecho a la vivienda adecuada?
- XI. Conclusiones
- XII. Bibliografía
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