Al reflexionar sobre los derechos humanos surge la necesidad de indagar si los procesos jurídicos establecidos en nuestro país responden a las pretensiones de agregarle aspectos que permitan identificar una mejor democracia, a la construida bajo las reglas procedimentales de a quién elegir y cómo elegirlo; y más aún a la exigencia de utilizar las herramientas jurídicas al alcance del ciudadano para que en caso de existir una violación a éstos, podamos establecer si se protegieron nuestros derechos y fueron resarcidos los daños generados.
En estas cavilaciones nos percatamos que existen diferentes orientaciones y perspectivas sobre el estudio de los poderes jurídicos y de sus decisiones, con relación a los procesos democratizadores que se presentan en cada país. Se habla de que la protección y salvaguarda de los derechos humanos requiere de un “especial” tipo de Estado, régimen político y jurídico, pero en ningún momento se aborda la variable en forma invertida, es decir, qué puede hacer el poder judicial y propiamente las decisiones de la máxima autoridad jurídica a favor de la democratización no sólo política sino institucional y ciudadana.
Así, observamos que la discusión sobre los derechos humanos en México es necesariamente también cuestión de consolidación democrática y del papel que juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la ampliación o restricción de éstos. La exigibilidad de los derechos humanos im... leer más
Al reflexionar sobre los derechos humanos surge la necesidad de indagar si los procesos jurídicos establecidos en nuestro país responden a las pretensiones de agregarle aspectos que permitan identificar una mejor democracia, a la construida bajo las reglas procedimentales de a quién elegir y cómo elegirlo; y más aún a la exigencia de utilizar las herramientas jurídicas al alcance del ciudadano para que en caso de existir una violación a éstos, podamos establecer si se protegieron nuestros derechos y fueron resarcidos los daños generados.
En estas cavilaciones nos percatamos que existen diferentes orientaciones y perspectivas sobre el estudio de los poderes jurídicos y de sus decisiones, con relación a los procesos democratizadores que se presentan en cada país. Se habla de que la protección y salvaguarda de los derechos humanos requiere de un “especial” tipo de Estado, régimen político y jurídico, pero en ningún momento se aborda la variable en forma invertida, es decir, qué puede hacer el poder judicial y propiamente las decisiones de la máxima autoridad jurídica a favor de la democratización no sólo política sino institucional y ciudadana.
Así, observamos que la discusión sobre los derechos humanos en México es necesariamente también cuestión de consolidación democrática y del papel que juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la ampliación o restricción de éstos. La exigibilidad de los derechos humanos implica por ello, buscar incluir elementos democráticos a la democracia; sin soslayar que dentro de esta discusión también es importante tener claro que para el eficaz ejercicio de los derechos humanos se necesitan garantías jurídicas eficaces, para la utilización, defensa y reparación de los derechos que tienen potestados los mexicanos.
La búsqueda para lograr una mejor democracia y aumentar su calidad, también identificado con el denominado proceso de postransición, no sólo implica seguir en el camino de las reglas electorales, de las instituciones políticas y de la competencia partidista, sino también mirar el otro lado de la moneda, el del Estado de derecho y el de las instituciones jurídicas; saber si éstas permiten incluir otros elementos para fortalecer la institucionalidad democrática.
Es por ello que, al observar cómo se llevó a cabo la institucionalización de los derechos humanos, principalmente los civiles y político electorales, para lograr que México a finales del siglo XX transitara de una autocracia a una democracia procedimental no implica que dejemos de revisar los alcances del proceso de institucionalización de los derechos sociales, económicos y culturales, a partir del fortalecimiento al Estado de derecho y de las atribuciones y facultades de la Corte en el país.
Asimismo, bajo esta perspectiva si bien es cierto que además de instaurar instituciones como el Instituto Federal Electoral y sus homólogos en las entidades federativas, para garantizar el ejercicio de este tipo de derechos humanos, y otras como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para permitir la justiciabilidad de los derechos político electorales, también se crearon instituciones encargadas de promover y vigilar los derechos humanos en un sentido general, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus afines en las entidades, que defienden a los mexicanos en los casos en que los servidores públicos vulneren o violen los derechos humanos, a través de sus decisiones o actuaciones. Además, tenemos un Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que como su propio nombre lo indica protege el derecho a la información y la transparencia pública.
En este contexto, de ampliación institucional para lograr una democracia, el tema de la exigibilidad de los derechos humanos se vuelve también importante, como elemento que puede favorecer la institucionalidad. Por lo que nos centraremos en el juicio de amparo como mecanismo de justiciabilidad, pero más que seguir la perspectiva de estudio de las implicaciones particulares y los tiempos y recursos que requiere para su efectividad, este trabajo pretende analizar las decisiones de la Corte, y las posibles implicaciones para lograr mejores procesos de postransición o calidad de la democracia mexicana, mediante la perspectiva de investigación del estudio de caso; el relativo a los amparos de los militares de VIH/Sida, atendidos en los meses de febrero y marzo del año 2007. Asimismo, saber cómo se decide el sentido de la justiciabilidad, en el caso del derecho a la salud.
Entonces se intentará conformar una perspectiva de máximo garantismo democrático para los derechos fundamentales basados en el enfoque del garantismo penal de Luigi Ferrajoli, y observar los alcances democráticos que pretende la Corte o, en otras palabras, si el papel de la Corte al decidir sobre un derecho humano permite encontrar rasgos de un posible abono al fortalecimiento de los derechos humanos de la democracia, a partir de los casos de estudio y del análisis específico de la justiciabilidad del derecho a la salud, ahora que muestra un protagonismo inusual en la vida institucional.
Este trabajo se divide y organiza en cuatro capítulos. En el primer capítulo se asume que la democracia es una realidad política en el país, construida desde la variable político electoral, es decir, se apostó en la transición democrática a partir de las reformas electorales que permitieron conformar un sistema de mecanismos institucionales por medio de los cuales fue posible garantizar una serie de derechos civiles y políticos, principalmente el ejercicio del derecho al sufragio, al voto, en plena libertad, sin violación al mismo y que permitiera tener elecciones legales, legítimas, creíbles y transparentes, a pesar de que aún en el año 2006, se pusieran en duda los resultados y se sostuviera, con razón o no, la posibilidad de un fraude en contra de la Alianza por el Bien de Todos.
En el segundo capítulo se desarrollarán las propuestas analíticas y metodológica sobre las que se sustenta este trabajo. La propuesta analítica se construye a partir de dos aspectos: a) las premisas del garantismo penal, según el cual los mecanismos jurídicos permiten que la justiciabilidad de los derechos humanos logre hacerlos efectivos, se gocen y se protejan en caso de ser violentados o tergiversados por los poderes políticos, desde una construcción teórica conceptual de democracia sustancial; y b) una perspectiva sobre el papel o activismo de la Corte constitucional, mediante la cual el papel desarrollado por los jueces a favor de los derechos humanos permite fortalecer los procesos de democratización que viven las democracias de la tercera ola o como se entiende posdemocracias.
En el tercer capítulo, se dedicará al análisis concreto de las decisiones establecidas en los casos de los militares de VIH/Sida, y el de la justiciabilidad de los derechos humanos, con la perspectiva de que dentro de las mismas es necesario identificar una serie de indicadores de la propuesta analítica o de la construcción democrática del garantismo penal y de elementos que nos permitan saber si el activismo desarrollado por la Corte muestra una proclividad a generar espacios de maximización de los derechos humanos para establecer si existe una correlación entre decisiones judiciales y procesos democratizadores.
En el cuarto capítulo se analizan las valoraciones que se realizan con relación al derecho a la salud, si la discusión logra maximizar su garantía y se generan, no sólo elementos jurídicos sino institucionales que muestren el nivel de protección y salvaguarda de este derecho, con base en valoraciones internas-jurídicas y externasmédicas, sin olvidar la sustentación internacional del derecho a la salud involucrado en los casos. La Corte mexicana en los últimos años ha generado grandes expectativas con su activismo, pero una cosa es ser proclive a decidir asuntos paradigmáticos o difíciles que involucren derechos fundamentales y otra es abonar no sólo en su interpretación jurídica-institucional sino también en presentar alternativas o posibles acciones políticas para mejorar la situación de vulnerabilidad, a pesar de sus limitaciones o efectos particulares.
- PRIMER CAPÍTULO. El proceso de democratización y la justicia de los derechos fundamentales en México
- SEGUNDO CAPÍTULO. El estudio de la democratización de los derechos humanos en México. Enfoque y propuesta metodológica
- TERCER CAPÍTULO. La justiciabilidad en los casos de los militares con VIH/Sida
- CUARTO CAPÍTULO. La justiciabilidad del derecho a la salud
- CONCLUSIONES
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