Los derechos políticos son fundamentales dentro de un régimen democrático y su ejercicio puede ser incluso indicativo de la solidez de éste. Aquellos sistemas en donde los derechos políticos son condicionados, limitados o suprimidos y en donde su ejercicio es motivo de intimidación o persecución, definitivamente no pueden considerarse democráticos. En cambio, un contexto en donde la mayoría de la población puede involucrarse en los asuntos políticos y en donde pueden constatarse los resultados de esta actividad en hechos concretos dentro de la arena pública, sí podría constituir un régimen democrático. En consecuencia, la ausencia o limitación de los derechos políticos y del fomento de su ejercicio pueden representar un problema para la sostenibilidad de la democracia.
Los derechos políticos podrían considerarse la base de las democracias modernas si nos remitimos a la base etimológica ya clásica de que la democracia significa gobierno del pueblo o que el poder es ejercido por el pueblo. Es evidente que en la actualidad resultaría complicado pensar en que toda la población de un Estado se pudiera congregar en un espacio público para discutir los asuntos que conciernen a toda la comunidad, como sucedía en el ágora de la Grecia clásica. Sin embargo los regímenes políticos modernos hacen uso de ciertos mecanismos para que las personas puedan influir en la toma de decisiones y en general en el ejercicio del poder. El más tradicional de estos m... leer más
Los derechos políticos son fundamentales dentro de un régimen democrático y su ejercicio puede ser incluso indicativo de la solidez de éste. Aquellos sistemas en donde los derechos políticos son condicionados, limitados o suprimidos y en donde su ejercicio es motivo de intimidación o persecución, definitivamente no pueden considerarse democráticos. En cambio, un contexto en donde la mayoría de la población puede involucrarse en los asuntos políticos y en donde pueden constatarse los resultados de esta actividad en hechos concretos dentro de la arena pública, sí podría constituir un régimen democrático. En consecuencia, la ausencia o limitación de los derechos políticos y del fomento de su ejercicio pueden representar un problema para la sostenibilidad de la democracia.
Los derechos políticos podrían considerarse la base de las democracias modernas si nos remitimos a la base etimológica ya clásica de que la democracia significa gobierno del pueblo o que el poder es ejercido por el pueblo. Es evidente que en la actualidad resultaría complicado pensar en que toda la población de un Estado se pudiera congregar en un espacio público para discutir los asuntos que conciernen a toda la comunidad, como sucedía en el ágora de la Grecia clásica. Sin embargo los regímenes políticos modernos hacen uso de ciertos mecanismos para que las personas puedan influir en la toma de decisiones y en general en el ejercicio del poder. El más tradicional de estos mecanismos corresponde al sufragio y a la posibilidad de postularse como representante popular. Es por ello que ante la imposibilidad de que todas las personas tomen parte de todas las decisiones, la democracia representativa constituye una opción para que la gente elija por mayoría a aquellos que deberán velar por sus intereses y a quienes habrán de dirigir sus demandas.
Pero el voto no es el único derecho político que existe, también está la posibilidad de reunirse pacíficamente y conformar gremios, o participar en la toma de decisiones mediante mecanismos de participación directa, como las consultas o el referéndum. Desde esta perspectiva, los derechos políticos están llamados a formar parte del estilo cotidiano de vida de las personas y no solamente expresarse con la acción del voto. La democracia representativa, desde esta lógica, debe verse complementada con la democracia deliberativa o participativa.
Por otro lado, a lo largo de la historia los derechos políticos generalmente han sido reservados para quienes entran en la categoría de ciudadanos, muy probablemente debido a la tradición liberal que los asocia sistemática y exclusivamente a la cuestión de la designación de representantes. Esta visión sin embargo puede resultar cuestionable en la actualidad, pues en la práctica existen actividades que pueden ser equivalentes al ejercicio de ciertos derechos políticos y obtener resultados similares. Las manifestaciones públicas son clara muestra de ello. Es posible que en una marcha para exigir la protección de un ecosistema amenazado participen niños o jóvenes legítimamente preocupados por la conservación de la biosfera, cuya presencia pueda estimular más una respuesta gubernamental que si la manifestación estuviera sólo compuesta por ciudadanos; preocupaciones compartidas a nivel mundial como el calentamiento global, la pandemia del VIH-Sida o los estragos de la globalización económica pueden convocar a personas con distinta ciudadanía en un punto geográfico concreto y alentar la respuesta de distintos jefes de Estado a nivel local y la coordinación de esfuerzos multilaterales en el plano mundial.
Como se puede ver, quizás existan dos dimensiones de los derechos políticos, uno en la práctica, en donde pueden ser ejercidos no en exclusividad por los ciudadanos, y otra en la forma, cuando legalmente están designados para ellos, como ocurre en la mayoría de los sistemas políticos y legales del mundo. Al amparo de este argumento, lo que pretende el presente trabajo es desarrollar la idea de que los derechos políticos, en tanto derechos humanos, son universales y asisten a todas las personas, incluidas las niñas, niños y jóvenes, aunque para ellos, como se verá más adelante, con ciertos matices.
En síntesis esta es la hipótesis que surge como respuesta a la inquietud que da origen a este trabajo y que deriva de la siguiente pregunta: ¿Se puede hablar de participación infantil en términos de derechos políticos no necesariamente ligados a la ciudadanía? En caso de que así sea derivan al menos dos preguntas más: ¿Existen medios para ejercerlos? ¿Qué relevancia tiene que sean ejercidos?
La hipótesis se descompone en tres líneas argumentativas que giran igualmente en torno al ejercicio de los derechos políticos ligados a la participación y la posibilidad de que éstos puedan ser practicados no sólo por la población adulta y ciudadana, sino también por las niñas, niños y adolescentes.
La primera de ellas va en el sentido de afirmar que los ejercicios de participación infantil pueden representar mecanismos apropiados para que las niñas y niños del país ejerzan su derecho a expresarse sobre lo que les preocupa o interesa, bien sea de manera libre o sobre temas acotados. Una segunda línea argumentativa es regida por la idea de que, tal como sucede en el caso de los derechos políticos ejercidos por la población adulta, si se sigue la misma lógica, el derecho a la participación en los niños y niñas igualmente puede incidir en las decisiones de gobierno, sobre todo si se considera que los resultados de este tipo de ejercicios bien pueden encender focos amarillos sobre alguna problemática en particular que afecta a la infancia y que requiere la intervención urgente del Estado. La tercera línea de argumentación gira en torno a la premisa de que los ejercicios de participación infantil pueden ser de utilidad para que la población infantil se familiarice con ejercicios de participación política propios de la democracia moderna, haciéndose con ello de herramientas para ejercer una ciudadanía más plena en la vida adulta.
Como agregado a este último argumento vale la pena señalar que ejercicios de participación política directa tales como la consulta o el referéndum no han llegado a constituirse como mecanismos institucionalizados en la vida política de México, por lo que la población no está familiarizada con ellos y su adopción será quizás un tanto complicada por la misma razón. Esto lo que genera es un círculo vicioso en donde el Estado hace poco por institucionalizar este tipo de ejercicios y la población no los exige porque los desconoce, no se identifica con ellos o bien porque le generan desconfianza.
En esta lógica, si se promueven los ejercicios de participación infantil es posible que en la edad adulta los individuos estén mayormente familiarizados con la participación política y, en esa medida, se fortalezca la democracia, se limiten los abusos de poder y la ciudadanía sea protagonista y no comparsa en el desarrollo de la agenda política.
El referente empírico que constituye la unidad de análisis para desarrollar este argumento descompuesto en tres líneas pertenece a eventos de la realidad social recientes, vinculados con los ejercicios de participación infantil llevados a cabo en México a escala nacional durante la segunda mitad de la década de los noventa y hasta 2006. Concretamente se hace referencia a la Consulta infantil y juvenil, organizada por el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), misma que solía realizarse el mismo día de la jornada electoral en cada elección federal desde 1997 (aunque ese año llevaba el nombre de “Elecciones infantiles” y justo constituía un simulacro electoral más que una consulta), hasta 2003; en el año 2006 cambió el formato a modo de volver a su origen, como se verá más adelante.
Es pertinente hacer mención que en México se ha organizado anualmente desde 2003 otro ejercicio de participación infantil conocido como “Parlamento Infantil de las niñas y los niños de México”, cuyas instituciones convocantes son: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Congreso de la Unión, amén de los propios IFE y UNICEF. Se trata de un ejercicio cuyo principal objetivo es organizar la simulación de una sesión plenaria del Congreso, así como del trabajo en comisiones legislativas, cuyos protagonistas son niñas y niños procedentes de todas las entidades federativas del país. Sin embargo, dado que este ejercicio y cada una de sus ediciones constituyen un objeto de análisis en sí mismos, se consideró pertinente no abordar el tema en este trabajo. Tal vez en un segundo momento, si esta tesina es ampliada o se cree conveniente ser complementada, el caso del Parlamento pueda ser retomado, pero por el momento sólo se menciona por la importancia que significa ser uno de los dos principales ejercicios de participación infantil a escala nacional. De tal suerte que el único referente empírico radicará en los ejercicios de participación infantil impulsados fundamentalmente por el IFE y apoyados por UNICEF.
Así, el objetivo principal de esta tesina se refiere a identificar elementos que permitan corroborar la hipótesis conforme a cada una de las líneas argumentativas que la componen, tanto desde el punto de vista teórico como a partir del referente empírico seleccionado. Para analizar estos ejercicios de participación infantil en sus distintas ediciones será necesario contar previamente con una suerte de marco conceptual que nos permita comprobar la validez de las hipótesis que subyacen a cada una de las líneas argumentativas descritas. En este sentido, lo primero será construir un piso conceptual básico de elementos indispensables que estén interconectados según la perspectiva que se quiere imprimir al texto. Específicamente estamos hablando de democracia participativa y representación, derechos políticos y participación, derechos de la infancia y participación infantil. Esta será la base conceptual que se quiere elaborar, aunque invariablemente se tendrán que abordar algunos otros conceptos para construir los primeros, como: democracia representativa, niñas y niños como sujetos de derechos, mecanismos de participación directa y legislación en materia de derechos infantiles. Para la construcción de este apartado se recurrirá a algunos autores destacados en los temas de democracia participativa y derechos de la infancia, entre ellos: Giovanni Sartori, Robert Dahl, Norberto Bobbio, Angel Rivero, Philipe Ariès y Liborio Hierro. La base de esta discusión será acerca de la democracia, entendida ésta como una forma de gobierno, pero también como un sistema de organización política y social que requiere de la participación activa de los sujetos, incluidos los niños y niñas, por lo que resulta indispensable dotarlos de herramientas para el ejercicio de sus derechos políticos, tanto presentes como futuros.
La segunda parte de este trabajo es de corte más descriptivo. En ella se abordarán una a una las ediciones de los ejercicios que sirven como referentes empíricos para esta discusión. La idea es ofrecer las generalidades de cada una de las versiones de este ejercicio a fin de conocer su evolución y sacar algunas conclusiones del contraste entre la teoría y la práctica en el tema de la participación infantil.
En el tercer capítulo es donde se tratarán con mayor énfasis las tres líneas argumentativas que ya se han adelantado, pues con base a los conceptos del marco teórico y los datos de la experiencia concreta, se podrá realizar una analogía acerca de las similitudes que guardan la participación infantil y la participación ciudadana en cuanto a características y propósitos.
Este comparativo apuntalará la relevancia de la participación infantil no sólo como mecanismo de expresión de la propia comunidad infantil, sino como una suerte de entrenamiento para la vida democrática moderna. Igualmente se buscará analizar con una mirada crítica la experiencia de las Consultas infantiles y juveniles, con el objeto de destacar sus aportes y señalar sus debilidades. Esto con el ánimo de identificar elementos a considerar para perfeccionar tales ejercicios, a fin de que efectivamente éstos se conviertan en mecanismos que, por un lado, colaboren a garantizar el respeto a los derechos de los niños y niñas en el presente y, por otro, coadyuven al desarrollo de habilidades para el ejercicio de la ciudadanía en el futuro.
- INTRODUCCIÓN.
- CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO.
- CAPÍTULO II. EJERCICIOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL EN MÉXICO.
- CAPÍTULO III. LA PARTICIPACIÓN INFANTIL COMO DERECHO POLÍTICO EN EL CASO MEXICANO.
- CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES.
- FUENTES.
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