El presente trabajo es el resultado de una investigación iniciada a fines del 2006 como tesis para obtener el grado de maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México.
El propósito de la misma fue dar a conocer los resultados de los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano para garantizar a la sociedad mexicana la calidad en el ejercicio de sus profesionistas. Para ello fue necesario hacer un análisis de las implicaciones que tuvo el hecho de que dos instancias del gobierno federal coincidieran en el propósito de asegurar la calidad de los servicios de los mencionados profesionistas.
Nos referimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a la Secretaría de Educación Pública SEP. Ambas, a través de sus dependencias adecuadas, el Sistema de Administración Tributaria SAT y la Dirección General de Profesiones DGP, han establecido esquemas para una apropiada regulación de las prácticas de un sector muy específico del campo profesional, el de la Contaduría Pública. Lo relevante de esta situación es que ambas dependencias con propósitos diferentes ajustaron sus lineamientos institucionales.
En este caso particular, la SHCP buscó en la SEP el marco normativo para el logro de sus fines. Mientras que la SHCP a través del SAT quería contadores públicos capacitados que le garantizaran calidad en las auditorías realizadas para efectos fiscales, la DGP de la SEP tení... leer más
El presente trabajo es el resultado de una investigación iniciada a fines del 2006 como tesis para obtener el grado de maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México.
El propósito de la misma fue dar a conocer los resultados de los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano para garantizar a la sociedad mexicana la calidad en el ejercicio de sus profesionistas. Para ello fue necesario hacer un análisis de las implicaciones que tuvo el hecho de que dos instancias del gobierno federal coincidieran en el propósito de asegurar la calidad de los servicios de los mencionados profesionistas.
Nos referimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y a la Secretaría de Educación Pública SEP. Ambas, a través de sus dependencias adecuadas, el Sistema de Administración Tributaria SAT y la Dirección General de Profesiones DGP, han establecido esquemas para una apropiada regulación de las prácticas de un sector muy específico del campo profesional, el de la Contaduría Pública. Lo relevante de esta situación es que ambas dependencias con propósitos diferentes ajustaron sus lineamientos institucionales.
En este caso particular, la SHCP buscó en la SEP el marco normativo para el logro de sus fines. Mientras que la SHCP a través del SAT quería contadores públicos capacitados que le garantizaran calidad en las auditorías realizadas para efectos fiscales, la DGP de la SEP tenía la responsabilidad de instrumentar esquemas de certificación profesional para, por una parte, cumplir con compromisos internacionales del Estado mexicano y por la otra, darle respuesta a una demanda creciente de la sociedad mexicana de profesionistas actualizados y certificados adecuadamente.
Por tal motivo nos hicimos la siguiente pregunta: ¿qué efectos tiene una política pública implementada por la SHCP en los procesos de certificación profesional de la SEP, particularmente en el campo de la contaduría pública?
Para responderla, dividimos nuestra investigación en varias etapas. En primer lugar hicimos una revisión de la literatura existente sobre este tema y constatamos la escasez de la misma, derivado de lo novedoso de este asunto en el contexto nacional. Lo anterior nos obligó a recurrir a fuentes primarias, y revisar los documentos oficiales localizados en los archivos de las distintas dependencias gubernamentales y organismos involucrados.
Igualmente, entrevistamos a algunos de los actores claves que han participado directa e indirectamente en los procesos de implementación de esta política, para conocer de las vicisitudes y caminos recorridos.
Simultáneamente a esto, se revisó la discusión teórica relacionada con el ciclo de las políticas públicas. Esto último fue fundamental, pues nos permitió contar con un bagaje conceptual que orientó este trabajo de investigación y proporcionó las herramientas analíticas adecuadas para entender correctamente un caso específico de implementación de una política pública así como las diferentes fases de la misma.
Todo esto, sumado a nuestra experiencia profesional y participación en la implementación de una de las mencionadas políticas públicas, nos proporcionó los elementos requeridos para la comprobación de nuestra hipótesis que consistió en demostrar que el diseño de una política fiscal, con un fin eminentemente recaudatorio, que nada tenía que ver con la educación y mucho menos con la calidad del ejercicio profesional, impactó de una manera considerable en el ámbito del ejercicio de las profesiones.
De esto trata nuestra investigación. Es una primera sistematización conceptual de la certificación profesional en nuestro país y, al mismo tiempo, una demostración de que en el caso específico de los contadores públicos, la calidad del servicio brindado por estos profesionistas tiene una incidencia directa en el aumento de la recaudación fiscal en nuestro país.
A lo largo de esta investigación hicimos algunos hallazgos, entre los que destaca el de la falta de una normatividad general que regule los procesos de certificación profesional a nivel nacional. Lo anterior puso en evidencia la discrepancia en las legislaciones estatales sobre el mencionado ejercicio, en sus intentos por regularlo. También constatamos la falta de un plan de incentivos que estimule la certificación profesional así como la resistencia de algunos sectores del campo profesional aquí observado, que se niegan a someterse a esquemas de evaluación para la obtención de la certificación.
Esta investigación también nos permitió comprobar que la urgencia de la SHCYP para regular a los contadores públicos fue un pivote clave para que la SEP tomara cartas en el asunto y estableciera un esquema coherente de certificación profesional, impactando con esto al resto de las profesiones.
Por último, este trabajo pretende demostrar que la certificación profesional es uno de los mecanismos establecidos por la SEP para garantizar una política pública de calidad, siendo ésta, junto con la acreditación de las instituciones de educación superior, una de las maneras de lograrlo. Así se completan las dos fases: una, en la relativa a la formación profesional y la otra en el ejercicio de la actividad profesional.
La realización de esta investigación no hubiera sido posible sin la orientación acertada de la doctora Gloria del Castillo Alemán, quien dirigió esta tesis y del doctor Miguel Armando López Leyva, tutor del suscrito a lo largo de la maestría. Ambos guiaron este trabajo con atinadas observaciones y sugerencias pertinentes que enriquecieron los capítulos que lo integran. En lo personal, nos permitieron entender la importancia que tiene el estudio de las políticas públicas para comprende el funcionamiento de la administración pública contemporánea.
- Presentación
- Introducción
- La certificación profesional en la agenda de gobierno
- I. Capítulo primero. La certificación profesional en México en el contexto de la globalización y de la calidad del ejercicio profesional
- II. Capítulo segundo. Recaudación fiscal y certificación profesional: enlace de dos políticas públicas.
- III. Capítulo tercero. Conclusiones y recomendaciones
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