I. Breve nota introductoria.
Durante los cinco años precedentes, la transparencia y el acceso a la información se colocaron como asuntos del mayor interés, tanto para las personas1 como para los investigadores y las instituciones públicas mexicanas. Esto es así por diversas razones: la primera, porque ambos temas constituyen el siguiente eslabón en el proceso de consolidación democrática del país, pues luego de quince años de profundas transformaciones en el ámbito político lo que sigue es consolidar una ciudadanía cuyo rol no se reduzca al acto de votar, sino que sepa, pueda y esté en condiciones de participar informadamente en la toma de las decisiones colectivas y en la vigilancia de la actuación de los servidores públicos.
El voto no puede concebirse como un cheque en blanco que los ciudadanos extienden en las elecciones en favor los representantes populares y cuyo valor se agota con la celebración misma de los comicios; antes al contrario, el sufragio es apenas el medio, el instrumento que permite establecer relaciones más amplias entre ambas partes una vez que se celebran los procesos eleccionarios.
Un esquema democrático presupone que la interacción entre los mandantes y los mandatarios es más extensa y compleja, por eso los primeros deben aprender que el paso siguiente a realización de elecciones democráticas consiste en ejercer su derecho a exigir cuentas, mientras que los segundos deben asumir, como algo consustancial a sus r... leer más
I. Breve nota introductoria.
Durante los cinco años precedentes, la transparencia y el acceso a la información se colocaron como asuntos del mayor interés, tanto para las personas1 como para los investigadores y las instituciones públicas mexicanas. Esto es así por diversas razones: la primera, porque ambos temas constituyen el siguiente eslabón en el proceso de consolidación democrática del país, pues luego de quince años de profundas transformaciones en el ámbito político lo que sigue es consolidar una ciudadanía cuyo rol no se reduzca al acto de votar, sino que sepa, pueda y esté en condiciones de participar informadamente en la toma de las decisiones colectivas y en la vigilancia de la actuación de los servidores públicos.
El voto no puede concebirse como un cheque en blanco que los ciudadanos extienden en las elecciones en favor los representantes populares y cuyo valor se agota con la celebración misma de los comicios; antes al contrario, el sufragio es apenas el medio, el instrumento que permite establecer relaciones más amplias entre ambas partes una vez que se celebran los procesos eleccionarios.
Un esquema democrático presupone que la interacción entre los mandantes y los mandatarios es más extensa y compleja, por eso los primeros deben aprender que el paso siguiente a realización de elecciones democráticas consiste en ejercer su derecho a exigir cuentas, mientras que los segundos deben asumir, como algo consustancial a sus responsabilidades públicas, que están obligados a rendirlas.
Se trata de un proceso tendente a invertir los factores de esa ecuación aritmética, a efecto de conseguir el regreso al empoderamiento original de los individuos, por la vía de plantear que la rendición de cuentas se torna una herramienta útil para sancionar a los gobernantes ineficaces o corruptos. En otras palabras, la rendición de cuentas se convierte en una fórmula que contribuye a que las personas recuperen sus potestades originales frente al gobierno y, particularmente, para que participar en la aplicación de los esquemas de control sobre los actos que realizan los servidores su desempeño como parte de las instituciones públicas2.
La segunda razón encuentra sustento en argumentos como los que Irma Sandoval y John Ackerman (2005) han expuesto: “el desarrollo de elecciones libres es un factor fundamental pero no suficiente para asegurar el ejercicio permanente de rendición de cuentas por parte del gobierno,”3 A ello obedece que en la actualidad poco más de 60 países en el mundo, México no es la excepción, se hayan sumado a la ola de la transparencia buscando corregir lo que los mismos autores mencionan como un déficit en la rendición de cuentas.
La tercera razón debe ubicarse en los efectos que se generan en los aparatos de la administración pública que ahora enfrentan el reto de rediseñar sus procesos internos y de transformar el comportamiento de los servidores públicos, a fin de cumplir las obligaciones que les impone la novedosa regulación de este derecho y de asumir con normalidad que la rendición de cuentas es una práctica saludable en las democracias contemporáneas.
Considerando la reciente institucionalización de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública,4 es propósito en este ejercicio de tesis desarrollar un estudio comparado sobre su origen, el marco normativo y los diseños organizacionales para su puesta en marcha. Para ello, se revisará una muestra de quince legislaciones, la federal y catorce de carácter local que se exponen en el tercer capítulo.
Se trata de identificar las características y las diferencias más relevantes de los diseños normativos aprobados por los legisladores y, a través de una visión comparada, analizar sus ventajas y desventajas, así como desarrollar reflexiones específicas con respecto a los impactos que tienen en la etapa de implementación.
A lo largo del trabajo, en especial en los capítulos tercero y cuarto, se explora la relación que hay entre estas dos fases de las políticas públicas: el diseño y los efectos posibles en la implementación. Así, uno de los propósitos planteado para el trabajo consiste en argumentar de qué manera el diseño de las legislaciones en materia de transparencia incide en la puesta en marcha, cómo a partir de los contenidos legales, es posible facilitar la correcta entrada en vigor del tema y, sobre todo, cómo se puede apoyar la obtención de resultados favorable en cuanto a la transformación de las prácticas de la administración pública proclives a la opacidad y al ocultamiento de información.
Para la consecución de los objetivos enunciados, en el siguiente apartado de este capítulo se contextualiza la transformación del régimen político mexicano, describiéndose cómo transitamos de una organización de corte autoritario a una con rasgos democráticos, aspecto que resulta pertinente a la tesis si consideramos que el acceso a la información entraña una forma de recuperar el ejercicio republicano del poder.
Antes de la promulgación de la legislación federal de transparencia transcurrieron más de siete décadas de prácticas autoritarias por las que el gobierno atenuó y anuló las incipientes expresiones de la opinión pública y a pesar de que fue imposible desaparecer todas las voces críticas, sobre todo de los grupos que formaron los partidos de izquierda, pudo procesar eficazmente -en favor de sus intereses- las demandas que se generaban en el contexto social valiéndos e de los aparatos y mecanismos operados desde la Secretaría de Gobernación.
Durante ese periodo la deliberación pública democrática desapareció o simplemente fue inexistente. Las opiniones que se escucharon, en su mayoría, apoyaron las versiones oficiales, mientras que la agenda que desahogaban las agencias públicas era en exclusiva la del Presidente en turno. Fue de los grupos sociales no controlados por el sistema de donde surgieron las voces disonantes que impulsaron los cambios requeridos para democratizar al régimen y aunque el proceso fue largo y sinuoso, lograron insertar sus demandas en los programas gubernamentales. La transparencia y el acceso a la información pública es un ejemplo concreto de cómo una demanda específica puede incorporarse a la agenda de gobierno.
Vale aclarar que el esfuerzo para describir el entorno sólo abarca hasta el año 2005, esto es, hasta un lapso de cinco años posterior a la alternancia política y de tres frente a la promulgación de la legislación federal.
Se exponen, también, algunas nociones conceptuales que dan sustento a la investigación y que se refieren a la terminología básica que hoy se emplea para el estudio de la transparencia y el acceso a la información pública, entre otros: transparencia, derecho a la información, derecho de acceso a la información pública; rendición de cuentas; y corrupción, tratando de establecer la relación que existe entre ellos.
De manera relevante, en el trabajo de investigación se desarrollan algunos ejes comparativos sobre la estructuración de las leyes de acceso a la información pública en las entidades federativas, a partir de matrices diseñadas ex profeso para presentar los aspectos más relevantes y facilitar el análisis del diseño jurídico que permite la puesta en marcha de una política pública de transparencia tanto en el ámbito nacional como en el de los estados de la República.
Finalmente, la tesis contiene un apartado de reflexiones a manera de conclusiones y de propuestas específicas basadas en la revisión que se enuncia, en los elementos cognoscitivos obtenidos a lo largo del programa de maestría y en la experiencia personal acumulada virtud a la participación en algunos cargos públicos tanto en la materia electoral como en la de transparencia.
NOTAS
1 Intencionalmente utilizó el término persona en vez de la palabra ciudadano, pues no es dable suponer que, por sus características, el derecho a la información sólo pueda corresponder a quienes ostenten el carácter de ciudadanos conforme a los requisitos que establece la Constitución y la ley.
2 Puede verse el Estudio denominado “Marco Teórico Metodológico” (2003), IFAI, México, págs. 10 y 11, en www.ifai.org.mx.
3 SANDOVAL Irma y Jhon Ackerman, Leyes de Acceso a la información en el Mundo, IFAI, México, 2005, pág. 11. (Cuadernos de Transparencia No. 7)
4 Más adelante me ocuparé de la delimitación del término “derecho de acceso a la información pública”, pero en adelante debo señalar que lo utilizaré como una derivación o rama de una modalidad más amplia: el derecho a la información.
- Capítulo Primero. Reflexiones sobre el entorno
- Capítulo Segundo. Nociones conceptuales y enfoques básicos
- Capítulo Tercero. Transparencia y acceso a la información pública en México: diseño de una política pública
- Capítulo cuarto. Esquemas de implementación y propuestas específicas
- BIBLIOGRAFÍA
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HARIOU, André, Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, p. 189, citado por CASTRO V., Juventino, (1985): “Los Derechos Humanos”, en Derechos del Pueblo Mexicano: México a través de sus constituciones, Coed. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LII Legislatura/Miguel Ángel Porrúa Librero-Editor, 3ª edición, México.
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